El magnate sudafricano a través del Departamento para la Eficiencia Gubernamental (DOGE, en inglés) y argumentando estar a favor del interés del pueblo, está destruyendo instituciones emblemáticas del Estado Norteamericano, recortando recursos financieros y humanos  a Agencias que no solo defendían a distintos sectores de la población sino que alimentaban diversas causas (muchas cuestionables) en todo el mundo, como la Agencia de Cooperación USAID, la Agencia de Investigación CIA, la Oficina de Protección al Consumidor o el departamento de salud.

En apenas 2 semanas de gobierno el magnate presume a los medios haber “ahorrado” 70 mil millones de dólares y pretende alcanzar 1 billón en recortes.

El objetivo de Elon Musk es reducir la administración pública a su mínima expresión, sustituyendo a funcionarios en la medida posible con inteligencia artificial, así propone recortes de 10 mil (de 14 mil) empleados en el departamento de Trabajo, 39 mil (de 88 mil) en Salud, 44 mil menos en comercio y así en todas las dependencias con excepción de Defensa, Seguridad Nacional e Inmigración.

Para ello, el presidente Trump firmó una orden ejecutiva obligando a todos los funcionarios a elaborar planes de recortes a gran escala a la plantilla de trabajadores, estableciendo que será DOGE y Elon Musk quien aprobará las futuras contrataciones, señalando que por cada cuatro que se vayan solo se podrá contratar a una persona.

Los efectos de la destrucción de las capacidades estatales para la provisión de bienes públicos serán desastrosos y seguramente generarán mucha resistencia en la población.

Existe un problema de certeza acerca del proceso de elección del Poder Judicial, que podría desembocar en una crisis, por el contexto de incertidumbre generado por el Presidente Trump en México.

El diseño implementado para la elección se enmarca en la distribución poblacional y geográfica, lo que generará una sobre representación de las grandes  capitales en los juzgados federales.

Aunque se intentaron replicar los distritos electorales como judiciales, la distribución geográfica de la actividad judicial es muy distinta, y eso llevo a una disparidad increíble. Por ejemplo, los distritos electorales se componen de 300 mil electores y el diseño de  los distritos judiciales cuentan hasta con 3.5 millones, 1.2 millones o 500 mil el más pequeño.

Así, para este proceso, la Ciudad de México contará con 11 distritos, cada uno con alrededor de 700 mil habitantes, y elegirá a 164 jueces y juezas, el Estado de México, que es el más poblado, solo cuenta con 3 distritos, de 3.5 millones cada uno y elegirá a 54 personas juzgadoras.

Esta distribución provocará que los habitantes de 4 entidades (CdMx, Nuevo León, Jalisco y el Edomex) elegirán al 40% de los cargos al Poder Judicial. De esta forma, los jueces federales, cuyas resoluciones son de alcance nacional, serán electos en estas 4 entidades, lo que además de una sobrerrepresentación regional, generará un problema el día de la elección, pues tan solo en la Ciudad de México habrá 5,500 candidaturas.

Lo que sucederá en junio es de pronósticos reservados, aunque las apuestas están a favor de que será un caos. Habrá que ponerse a revisar esas listas con tiempo para alcanzar a conocer los perfiles antes de votar.

De acuerdo con CNN aviones espías del ejército de Estados Unidos ha aumentado significativamente la vigilancia sobre México, lo que supone un cambio radical que tiene como objetivo el combate a los cárteles mexicanos de droga, las rutas de fentanilo y una potencial intervención directa.

Aunque aparentemente, desde hace algunos meses la DEA ha aumentado la vigilancia al Cártel de Sinaloa y al Cártel Jalisco Nueva Generación, los sobrevuelos en el Mar de Cortés se multiplicaron en enero, encendiendo las alertas sobre un potencial ataque aéreo a Sinaloa, Sonora o Baja California, lo que tendría un alto costo en las relaciones bilaterales.

La designación de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas además de la potencial intervención, tiene un efecto de ataques vía inteligencia financiera que supondrá el cierre y levantamiento de sanciones a empresas vinculadas con el crimen en México y EE.UU.

La Presidenta ha sido muy enfática en la importancia de trabajar de manera coordinada, pero una intervención unilateral cancelaría cualquier posibilidad de colaboración franca y seguramente no atendería al objetivo final de eliminar los cárteles detonando un espiral de violencia en México.

Al contrario de lo que se piensa desde el pentágono, que quizá actúe por sí mismo debido a la desconfianza de las autoridades mexicanas, “eliminar de la faz de la tierra” a los cárteles generaría una serie de daños colaterales y repudio al gobierno estadounidense a una escala masiva.

Antes de su desmantelamiento por el el gobierno trumpista, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) fue muy criticada por ser una herramienta de injerencia política y desestabilización en países extranjeros, a menudo bajo el control encubierto de la Agencia Central de Inteligencia (CIA).

En 2023, Ucrania recibió la mayor cantidad de apoyo de USAID: 14 mil 400 millones de dólares. El segundo fue Jordania: 770 millones. Yemen y Afganistán: 359.9 millones y 332 millones.

Las siguientes son 6 ejemplos de injerencia de USAID en el pasado:

1. Intervención en Chile (1963-1973): USAID canalizó millones de dólares para desacreditar y sabotear al gobierno socialista de Salvador Allende, facilitando el golpe de Estado respaldado por la CIA que instaló la brutal dictadura de Augusto Pinochet.

2. Guerra Civil en Nicaragua (1981-1990): USAID proporcionó asistencia encubierta a los Contras, un grupo rebelde que luchaba contra el gobierno sandinista, a pesar de las prohibiciones del Congreso.

3. Desestabilización en Haití (1991-1994): Después del golpe de Estado contra el presidente Jean-Bertrand Aristide, USAID canalizó fondos para respaldar a grupos de oposición y socavar al gobierno legítimo.

4. Revolución Rosa en Georgia (2003): USAID financió a grupos de la sociedad civil que desempeñaron un papel clave en las protestas que derrocaron al presidente Eduard Shevardnadze.

5. Primavera Árabe en Egipto (2011): USAID apoyó a grupos de la sociedad civil que participaron en las protestas que llevaron a la caída del presidente Hosni Mubarak.

6. Injerencia en Cuba: Durante décadas, USAID ha financiado programas encubiertos en Cuba, supuestamente para promover la democracia, pero que han sido vistos como intentos de desestabilizar al gobierno cubano.

La comunidad migrante reaccionó a las deportaciones masivas ordenadas por Trump con protestas multitudinarias en 10 ciudades de Estados Unidos, entre ellas Nueva York, Chicago, Los Ángeles, Houston, Dallas y Detroit.

Todo surgió a partir de una convocatoria que surgio en Washington D.C., denominada “Un día sin Inmigrantes” que se hizo viral en Tiktok y ha empezado a cobrar fuerza en los comercios de los EEUU, por lo que, durante la primera semana de febrero, ya se ven negocios cerrardos “Debido al ICE”

En el vecino del norte se estima que viven más de 5 millones de mexicanos indocumentados y más de 11.7 millones de latinos en total, que trabajan todos los días en empleos que los gringos no quieren hacer. La campaña convoca a todos los migrantes latinos a no ir a trabajar, a la escuela o a hacer compras, con el objetivo de demostrar su importancia real para la economía norteamericana.

Se trata de movilizaciones crecientes que reflejan el inicio de una organización nacional de comunidad imigrante, que representa el 5% de la fuerza laboral norteamericana, con capacidad de generar bloqueos en la producción, distribución y venta de diversos productos lo que se espera que tenga un efecto en las utilidades de las empresas de ese país.

El Departamento de Trabajo en EEUU estima que, en 2023, los trabajadores nacidos fuera de Estados Unidos impulsaron el crecimiento del 50% del mercado laboral y que el 42% del total de los empleados del sector agrícola no tiene permiso de trabajo. Y el Instituto de Política Fiscal y Económica señala que en 2022 los trabajadores indocumentados pagaron casi 100 mil millones de dólares de impuestos.

Las tarifas impuestas por Estados Unidos a México históricamente han impactado en el tipo de cambio entre ambos países.

Durante la administración de Ronald Reagan en la década de 1980, se impusieron aranceles a las importaciones de diversos productos mexicanos, lo que provocó una depreciación del peso frente al dólar.

Esta situación se agravó aún más durante el mandato de George Bush padre, cuando se intensificaron las disputas comerciales.

En contraste, la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) durante la presidencia de Bill Clinton en la década de 1990 trajo consigo estabilidad cambiaria.

Esta tendencia se revirtió parcialmente durante las administraciones de Bush hijo y Barack Obama, cuando se implementaron nuevas medidas proteccionistas que afectaron el comercio.

La segunda administración de Donald Trump ha impuesto aranceles adicionales a productos clave de exportación mexicana, como el acero y el aluminio.

Esto ha generado una mayor volatilidad en el tipo de cambio y una depreciación del peso.

Opinólogos de la derecha, opositores a Sheinbaum y demás agoreros del desastre, pronostican que seguirá devaluándose.

Mientras que algunos períodos han sido más estables, otros han experimentado mayor volatilidad y depreciación de la moneda mexicana. Sin embargo, nunca antes de había volcado una retórica tan agresiva para justificar aranceles tan altos.