La Ciudad de México podría garantizar el aborto total, es decir, en cualquier momento de los 9 meses de embarazo, lo que para el mundo conservador cruza la línea de los derechos de la mujer y lo convierte en homicidio.
En 2007 en la Ciudad de México se despenalizó el aborto hasta las 12 semanas de gestación y se impusieron de 3 a 6 meses de prisión o de 100 a 300 días de trabajo para quien aborte y a los médicos que la realicen después de este período. En aquel momento, el entonces Jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, encabezó una defensa de los derechos de las mujeres y hasta fue excomulgado por la iglesia católica.
El 10 de octubre de 2024 la diputada morenista Yuriri Ayala presentó una iniciativa para eliminar el delito de aborto del artículo 76 y derogar otros del Código Penal local. Así, las mujeres podrían abortar en cualquier momento del embarazo y el personal médico tendría la obligación de realizarlo. Las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de justicia y de Igualdad de Género, aprobaron el dictamen y el jueves 7 de noviembre se presentaría en el pleno.
¿Por qué se impulsa esa iniciativa desde las organizaciones feministas?
Porque existe la convicción de que nadie aborta por placer, ni se trata de un procedimiento común, como ir al doctor por un dolor de estómago o de muelas, sino que supone una serie de capacidades y conocimientos que no todas las mujeres tienen, sobre todo las más jóvenes que son violadas y “convencidas” de no abortar, pero que los contextos de violencia, pobreza y desigualdad, por alguna razón tienen un aborto espontáneo o hacen de manera clandestina, poniendo en riesgo su vida.
Es el caso de Esmeralda, una niña de 14 años de Querétaro que fue víctima de violación por un familiar 3 años mayor que ella y 8 meses después, sin saber que estaba embarazada, tuvo un aborto espontáneo, acudió a un hospital y fue denunciada por el personal de salud, por lo que fue detenida y acusada de homicidio doloso pidiendo la fiscalía 3 años de cárcel y una compensación económica de 25 mil dólares para su violador.
Por ello es importante sacar del Código Penal el aborto y analizar caso por caso las interrupciones del embarazo, en la Ciudad de México de 2007 a la fecha se han realizado 273 mil interrupciones, 77% antes de las 10 semanas lo que permite usar métodos no invasivos, sin embargo existen algunos casos en que eso no sucede igual y de 2020 a la fecha se han abierto 668 carpetas de investigación por el delito de aborto.
Quienes realizan abortos después de las 12 semanas suelen ser mujeres adolescentes y niñas que viven en condiciones de marginación que enfrentan obstáculos económicos o logísticos para recibir atención o bien que han vivido violencia sexual y tuvieron una detección tardía del embarazo.
Los argumentos de quienes están en contra se alejan de una vigilancia del acceso a derechos humanos de esas jóvenes y proponen castigos que no atienden las causas de este fenómeno, sino que privilegian principios morales o religiosos.
La Jefa de Gobierno Clara Brugada se pronunció a favor de despenalizar el aborto sin embargo, la propuesta se congeló en comisiones y por presión del Partido Verde, aliado de Morena, se bajó de la agenda del pleno, lo que la mantendrá un Sin embargo, por presión del Partido Verde, se retiró el dictamen hasta nuevo aviso.
Es una muestra de cómo el poder religioso y las fuerzas conservadoras todavía tienen un control institucional aunque parezca que se ha ido limitando y por otro lado, de un cálculo pragmático de Morena y el Gobierno de la Ciudad para no iniciar un debate nacional que afecte los avances de la 4T en otros ámbitos.
Al final, vivimos en un país mayoritariamente conservador que permitió la llegada de la izquierda debido al hartazgo de los gobiernos de élites corruptas, pero que mantiene un conjunto de valores religiosos arraigados.
