En el contexto del genocidio israelí en Gaza, en el que se han asesinado a 680 mil palestinos, México enfrenta una contradicción flagrante al no romper relaciones con Israel pese al reciente reconocimiento de la presidenta Sheinbaum al holocausto palestino.
La extradición de Tomás Zerón, ex funcionario implicado en tortura y manipulación de pruebas en Ayotzinapa, se estanca en Israel desde 2019. Paralelamente, la extradición de Andrés Roemer, acusado de violación por al menos cinco mujeres y prófugo desde 2021, no avanza: detenido en Israel en 2023, su apelación fue rechazada por la Corte Suprema en abril de 2025, pero el proceso se alarga sin fecha fija. Este caso ilustra la protección selectiva de Israel a depredadores sexuales de origen judío. Las demoras de los casos de Zenón y Roemer erosionan la soberanía mexicana.
Apenas a mediados del 2025, el gobierno morenista de Oaxaca, bajo Salomón Jara, compró 75 rifles ARAD de Israel Weapon Industries para policía estatal, pese al genocidio en Gaza; Sedena autorizó la adquisición, ignorando condenas de ONU y embargos como el de España. Esta decisión financia al complejo militar sionista que masacra palestinos, contradiciendo el reconocimiento de Sheinbaum al genocidio y revela la sumisión de Morena a intereses sionistas.
Acusaciones de soborno a Peña Nieto por 25 millones de dólares de empresarios israelíes Uri Ansbacher y Avishai Neriah para implementar Pegasus durante 2012-2018 revelan corrupción sistémica: el software permitió el espionaje masivo a opositores, periodistas y víctimas de Ayotzinapa. La FGR abrió investigación en julio de 2025, pero la impunidad persiste; este escándalo expone cómo Israel envenena democracias con herramientas de represión.
Pegasus todavía permea gobiernos locales, estatales y federal: Sedena lo usó en 2019 para espiar 456 números de activistas y periodistas, pese a promesas de AMLO de erradicarlo; estados como Chihuahua, Campeche y Guerrero lo adquirieron vía Hacking Team, invirtiendo 5.8 millones de euros en vigilancia ilegal.
La industria armamentista israelí ha alimentado la narcoviolencia en México desde 2000, vendiendo más de 23 mil armas a Sedena por 650 millones de pesos entre 2006-2018, que terminaron en manos de cárteles como CJNG y Sinaloa; rifles Tavor y Galil, usados por Israel en Gaza, se hallan en 41 decomisos ilegales entre 2010-2020. Esta exportación criminal, que evade tratados internaconales, ha intensificado la masacre de civiles en México, replicando la táctica genocida de ocupación en la crisis de narcoviolencia.
Evidencia apunta a adiestramiento de delincuencia organizada por exmilitares israelíes desde hace décadas. La mafia sionista, detectada en lavado y tráfico de armas, entrenó a Los Zetas en Tamaulipas y Veracruz con exagentes del Mossad. Esta injerencia “profesionalizó” el sicariato y la delincuencia organizada, replicando doctrinas de contrainsurgencia usadas en Palestina. México, al no confrontar esta red, permite que tácticas genocidas israelíes profundicen la crisis de los más de 100 mil desaparecidos en México.
Ante el reconocimiento de Sheinbaum al genocidio en Gaza, México debe romper lazos con Israel: cortar compras de armas, presionar por extradiciones pendientes y denunciar la ventas de spyware. Esta complicidad histórica —de Zerón a Pegasus— mancha la soberanía mexicana, alineándola con un régimen criminal; la verdadera posición pro-palestina requiere sanciones, no retórica tibia, para no ser hipócrita ante el asesinato de 680 mil palestinos.
