El feminicidio de Edith Guadalupe Valdés Zaldívar, la joven de 21 años asesinada en un edificio de Avenida Revolución, no es solo otro caso de violencia machista. Es la prueba irrefutable de que el Gobierno de la Ciudad de México, bajo Clara Brugada, ha perdido el rumbo y la confianza de la ciudadanía. Mientras la familia entregaba la ubicación exacta del inmueble desde la madrugada del 16 de abril, la Fiscalía General de Justicia tardó más de 24 horas en actuar. Esa dilación no fue un error burocrático: fue una omisión criminal que costó la vida de Edith.
Las acusaciones de la familia son graves y directas: funcionarios pidieron dinero para “agilizar” la búsqueda y minimizaron la denuncia. Varios empleados ya fueron separados de sus cargos, pero eso no borra el hecho de que la institución que debería proteger a las mujeres falló de manera sistemática. El cuerpo de Edith apareció en el sótano, oculto bajo arena, después de que la presión social y los bloqueos viales obligaran a la autoridad a moverse. La Fiscalía habla de “pruebas sólidas” contra el vigilante detenido, pero la desconfianza ya está instalada: ¿cuántos casos más se pierden en la misma burocracia corrupta?
Este no es un incidente aislado. Es el síntoma de un gobierno que presume compromiso con las mujeres mientras sus protocolos de búsqueda brillan por su ausencia. La indignación que generó el caso revive el fantasma de Lesvy y de tantas otras víctimas cuyas muertes quedaron impunes. Brugada condenó el crimen y pidió investigar “hasta las últimas consecuencias”, pero las palabras suenan huecas cuando la respuesta siempre llega tarde, después del horror y bajo presión de la calle.
Lo más indignante es el contraste brutal con las prioridades reales del gobierno. Mientras Edith salía a buscar un empleo y era asesinada en una zona “reordenada”, Clara Brugada y su equipo aceleran obras, desalojos y reubicaciones para dejar la ciudad impecable ante el Mundial de 2026. Los vendedores ambulantes son criminalizados, los comerciantes del Centro Histórico son barridos de las calles y las colonias populares ven cómo se les niega agua y servicios básicos mientras el presupuesto fluye hacia estadios y hotelería de lujo.
La gentrificación rampante y la turistificación no son daños colaterales: son política deliberada. Colectivos denuncian que se expulsa a los habitantes pobres para “embellecer” la ciudad y ocultar el caos cotidiano a los visitantes. Brugada incluso sugirió home office masivo y suspensión de clases para que los chilangos “no salgan” durante los partidos. El mensaje es claro: la gente común molesta; los turistas son la prioridad.
La narrativa del “Mundial Verde” y los “derechos humanos” se desmorona ante la realidad. El caso Edith demuestra que este gobierno prefiere invertir en imagen internacional antes que en seguridad, justicia y equidad para las comunidades que más lo necesitan. Las protestas antimundialistas y las marchas contra la gentrificación ya no son voces aisladas: son el grito de una ciudad harta de ser maquillada para la foto mientras sus hijas son asesinadas.
Brugada responde con comunicados y reuniones de emergencia, pero la credibilidad ya no se recupera con spots ni con separaciones de cargos. La ciudadanía ve la doble cara: mano dura contra ambulantes y manifestantes, mano blanda con la ineficiencia y la corrupción que permiten feminicidios. El desgaste es irreversible a menos de dos meses del evento que supuestamente iba a ser el escaparate de su gestión.
El feminicidio de Edith no solo le quitó la vida a una joven que buscaba trabajo. Le quitó la máscara al Gobierno de la CDMX. Si Brugada y su equipo no cambian de fondo —no solo de discurso— la credibilidad que les queda se irá por el drenaje junto con la confianza de millones de capitalinos que ya no creen en promesas ni en protocolos que solo funcionan cuando la presión social los obliga.
