Cada 4 años la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México tiene un proceso de elección de Presidente. Un proceso que se lleva a cabo en el Congreso de la Ciudad, empezando por la Convocatoria que publica este poder legislativo a la ciudadanía para recibir perfiles. El día de hoy 22 de septiembre de 2025 se emitió la Convocatoria para la elección de una nueva presidenta o presidente por los próximos 4 años.
Los últimos 8 años ha presidido la Comisión la Lic. Nashieli Ramírez Hernández, quien desempeñó su papel bien, como se esperaba por su trayectoria y perfil, pero la CDHCM dejó de tener un papel relevante en la Ciudad, quizá por su ausencia en momentos críticos o su alineación con el gobierno en turno.
La Comisión se creó en 1993, por un decreto Presidencial de Salinas de Gortari, en paralelo a la creación de la Comisión Nacional y en el marco del proceso de democratización que vivía la Ciudad. A lo largo de su existencia la Comisión ha tenido un papel relevante en la vigilancia y promoción de los derechos humanos en la capital, alcanzando un momento muy importante en la primera década de este siglo, tiempo en que se publicó el Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal, que fue ejemplo internacional de buena práctica.
En esos tiempos la Comisión jugaba un rol determinante en las decisiones públicas de la Ciudad, llegando incluso a tener el poder de presionar la salida del Secretario de Seguridad y del entonces Procurador de Justicia tras la tragedia del News Divine en la administración de Marcelo Ebrard.
La Comisión funcionaba como contrapeso al Gobierno local, presionaba a las delegaciones, ahora alcaldías y contaba con el respaldo de amplios sectores de la sociedad civil organizada que impulsó la democratización de la Ciudad, lo que le permitía contar con legitimidad suficiente para hacer valer sus recomendaciones, elevando el costo de su incumplimiento.
Sin embargo, en los últimos años, la hegemonía de Morena en todos los ámbitos y su legitimidad en el gobierno fue restándole poder a los contrapesos como las comisiones de derechos humanos y la Comisión de la Ciudad no fue la excepción. En los últimos 5 años, se han presentado en 16.4 recomendaciones al año en promedio, la mayoría dirigidas a la Fiscalía General, a la Subsecretaría de Sistema Penitenciario y a la Secretaría de Seguridad, y en menor medida a otras dependencias responsables de la movilidad, vivienda o el instituto electoral local y algunas alcaldías.
Pese a los problemas de salud, agua, inseguridad y pobreza, la principal intervención de la Comisión en este último periodo fueron las condiciones de las personas privadas de su libertad, lo que habla de la limitada capacidad de presión que tiene para presionar a las autoridades de la Ciudad de México, quizá por su falta de coordinación, por su falta de capacidad real para hacer obligatorias las recomendaciones o por su alineación con el gobierno actual.
En cualquier caso, es una muestra de la pérdida de poder autónomo que tiene la Comisión y la necesidad de repensar su papel para que sirva de manera efectiva a la exigencia y garantía de los derechos humanos en la Ciudad de México, empezando por aquellos que establece la Constitución local de 2017.
La relevancia de la sucesión de esta institución tiene que ver con la posibilidad de acercar la información y ampliar las capacidades ciudadanas para exigir derechos y la convicción de una verdadera defensoría del pueblo con dientes para hacer valer sus recomendaciones.
