Francesca Paola Albanese, jurista italiana y experta en derechos humanos, asumió el cargo de Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados desde 1967 el 1 de mayo de 2022, siendo la primera mujer en ocupar esta posición. Su rol como Relatora Especial implica monitorear e informar sobre el historial de derechos humanos en la región, una función que, aunque independiente, la expone a una considerable vulnerabilidad política cuando sus hallazgos desafían a estados poderosos o a sus aliados. La condena de la ONU a las sanciones impuestas a Albanese como un “precedente peligroso” y un “asalto a todo el sistema de la ONU” subraya la tensión entre el monitoreo independiente de los derechos humanos y las realidades de la política internacional.
Aunque tiene una larga trayectoria en la defensa de derechos humanos, como Relatora Especial, Albanese tiene la tarea específica de investigar los abusos de derechos humanos en los territorios palestinos ocupados desde 1967. En su primer informe, el 18 de octubre de 2022, recomendó a los estados miembros de la ONU desarrollar “un plan para poner fin a la ocupación colonial de los colonos israelíes y al régimen de apartheid”.
Este informe inicial enmarcó la ocupación dentro de un contexto más amplio de colonialismo de asentamiento y apartheid, una terminología que representa una escalada legal y política significativa. A pesar de que se le ha negado el acceso directo a los territorios palestinos ocupados, sus informes se basan en una investigación jurídica exhaustiva, entrevistas con víctimas y testigos, información de fuentes abiertas y aportaciones de expertos y organizaciones de la sociedad civil.
El aspecto más controvertido de su trabajo es su denuncia de que existen motivos razonables para creer que Israel está cometiendo genocidio en Gaza. Tras la invasión israelí de la Franja de Gaza después del 7 de octubre de 2023, Albanese pidió un alto el fuego inmediato y advirtió sobre el riesgo de una “limpieza étnica masiva deliberada”. El 26 de marzo de 2024, informó al Consejo de Derechos Humanos de la ONU que las acciones de Israel en Gaza equivalían a genocidio. Su informe, titulado “Genocidio como Borrado Colonial”, concluye que existen “motivos razonables para creer que Israel ha cometido actos de genocidio en Gaza”.
El informe contextualiza la violencia como parte de un “desplazamiento y reemplazo forzados, intencionales, sistemáticos y organizados por el Estado de los palestinos a largo plazo”, centrándose en la “intención genocida” y vinculándola al “proyecto colonial de asentamiento”. También investiga la “maquinaria corporativa” que sostiene este proyecto, argumentando que “demasiadas entidades corporativas se han beneficiado de la economía de ocupación ilegal, apartheid y ahora, genocidio de Israel”. Su análisis de la intención genocida considera la naturaleza y escala de las atrocidades, las afirmaciones de “niebla de guerra”, los motivos alternativos y la “oportunidad de cometer genocidio”, enfatizando que todos los factores deben examinarse de manera holística. El informe destaca cifras devastadoras de víctimas, incluyendo más de 13.000 niños muertos hasta marzo de 2024. Albanese ha instado constantemente a otros países a presionar a Israel, incluso mediante sanciones y un embargo de armas , y ha apoyado firmemente las órdenes de arresto emitidas por la Corte Penal Internacional (CPI) contra funcionarios israelíes.
El trabajo de Albanese ha generado una considerable reacción. Israel ha acusado repetidamente al Consejo de Derechos Humanos, a Albanese y a relatores anteriores de parcialidad. El Departamento de Estado de EE. UU. la sancionó, afirmando que ha “difundido un antisemitismo descarado, expresado apoyo al terrorismo y un desprecio abierto por Estados Unidos, Israel y Occidente”. La misión diplomática de Israel en Ginebra calificó su informe de “jurídicamente infundado, difamatorio y un flagrante abuso de su cargo”. Albanese ha respondido a estas críticas afirmando que ha sido “siempre atacada” y que las críticas la “enfurecen”, pero la impulsan a “no retroceder”. Ha enfatizado que “el trabajo de derechos humanos es, ante todo, amplificar la voz de las personas que no son escuchadas”.
La administración Trump anunció sanciones contra Francesca Albanese el 9 de julio de 2025, de conformidad con la Orden Ejecutiva 14203 del Presidente Trump, “Imponiendo Sanciones a la Corte Penal Internacional“. Se espera que estas sanciones incluyan una prohibición de viajar a EE. UU. y la congelación de cualquier activo que posea en el país.
El Departamento de Estado de EE. UU. justificó las sanciones calificando las acciones de Albanese como “guerra jurídica” que ataca a personas estadounidenses e israelíes, y citó sus recomendaciones a la CPI y sus cartas a empresas estadounidenses como razones. Esta acción se produjo después de una “campaña de presión infructuosa de EE. UU. para obligar al organismo internacional a destituirla de su puesto” y se enmarcó como parte de una “campaña de casi seis meses de la administración Trump para sofocar las críticas a la gestión de la guerra en Gaza por parte de Israel”.
Las Naciones Unidas declararon que “la imposición de sanciones a los relatores especiales es un precedente peligroso” , y el Comité de Coordinación de los Procedimientos Especiales de la ONU las condenó como un “asalto de la actual administración estadounidense a todo el sistema de la ONU”.
Sin embargo, la defensora italiana no ha dado su brazo a torcer y se mantiene pese a las presiones internacionales, en una denuncia permanente del genocidio de Israel en Gaza.