Ximena Guzmán y José Muñoz no solo eran Secretaria Particular y Asesor de la Jefa de Gobierno sino miembros de su círculo más íntimo e intermediarios y encomendados de diversos temas de gobierno desde su gobierno en la alcaldía Iztapalapa.
Eran cuadros formados y fogueados en los gobiernos de Clara Brugada y con quienes ella más convivía en el día a día desde hace 7-9 años y con quienes trabajo combatiendo mafias en distintos ámbitos de la Ciudad de México, lo que hoy se especula que pudo haberles quitado la vida.
Se trata de un golpe al corazón de la Jefa de Gobierno, que claramente no fue una elección azarosa, sino bien pre-mediatada. Un sicario profesional, rápido y efectivo en el disparo (8 impactos en Ximena y 4 en José), con técnica militar, sin dudar ni cometer errores y una ruta de fuga con conocimiento de ubicación de cámaras y monitoreo del C5.
Contrataron a un equipo profesional con entrenamiento militar que dedicó tiempo a la planeación, localización de las rutas de sus víctimas y además contaba con información y quizá apoyo del C5 para inmovilizar cámaras de la Ciudad.
Un equipo de sicarios con capacidades y recursos para fingir ser un trabajadores de la construcción con semanas de anticipación, y en el momento indicado disparar 12 veces sin titubear una pistola glock modificada con silenciador y el número de serie limado. Para luego realizar una fuga cronometrada con precisión quirúrgica, con tres cambios de vehículo y choferes que logran escabullirse en Estado de México lejos de la videovigilancia capitalina.
Las autoridades han señalado que no se encontraron huellas digitales o adn en los vehículos por el uso de guantes, algo que confirma que se trató de un trabajo profesional, alimentado con recursos importantes e información interna.
¿Cuál es la razón por la cual dos funcionarios de alto nivel y mucha cercanía fueron eliminados?
Una hipótesis muy repetida es que solo una célula del crimen organizado cuenta con recursos y el atrevimiento de algo así. No solo por el nivel de preparación y calidad de ejecución sino por el perfil de las víctimas, como un mensaje muy duro al corazón de las mujeres que están gobernando la ciudad y el país. Esa hipótesis la refuerza la respuesta de las autoridades federales y capitalinas al enfatizar que no detendrán el combate al crimen y enumerar las detenciones de líderes de bandas criminales en la Ciudad de México en los últimos meses, asumiendo que, los homicidios son una respuesta a la nueva estrategia de seguridad de balazos y no abrazos, que incomodó a jefes delincuenciales.
De acuerdo con esta narrativa, la muerte de los funcionarios, a la hora y día de la conferencia mañanera de seguridad y a una semana de la elección judicial es un mensaje de uno de los cárteles más armados (o varios) que han sido seriamente afectados y con el cual expresan su agravio, mostrando que hasta los más cercanos al poder son vulnerables y están en riesgo y trastoca la visión y forma de gobierno que caracteriza a la 4T.
Otras hipótesis hablan de temas sensibles que llevaban los funcionarios, expropiaciones que encabezaba Ximena o mensajes de la Jefa de Gobierno que comunicaba a distintos sectores de seguridad José, incluso de acciones que realizaron durante su gobierno en Iztapalapa contra el crimen asentado en ese territorio, a partir de las cuales la delincuencia local cobró venganza.
En cualquier caso se trata de un mensaje que muestra la fragilidad de la vida en una sociedad que ha normalizado al crimen, en donde ni los más cercanos al poder están a salvo. Es una señal de terror, que busca generar miedo y desatar una respuesta violenta del Estado mexicano, seguramente calculada igual de fríamente que el homicidio.
Una fragilidad y vulnerabilidad en la que navegamos en parte debido a una larga historia de colusión de los gobiernos con el crimen organizado, que claramente preocupa a la Presidenta Sheinbaum quien en la carta que envió a la dirigencia de Morena el 4 de mayo pasado señaló que “no debe haber colusión con la delincuencia” lo que revela información que tiene sobre gobernadores y presidentes municipales.
El crimen organizado tiene una fuerza militar, legitimidad y arraigo social que se atreve a desafiar al gobierno y parece no estar contento con el nuevo arreglo que establece el gobierno actual. Un arreglo que tras la elección del poder judicial van a intentar renegociar y las autoridades van a tener que actuar, sería ingenuo pensar que la Presidenta no está al tanto de este movimiento tectónico criminal.
