Esta es una pregunta espinosa que la Corte Suprema de Estados Unidos deberá abordar esta semana.
El tráfico ilegal de armas hacia México representa un grave problema de seguridad nacional y regional. Según cifras citadas por el gobierno mexicano, se estima que el valor aproximado de las armas que se trafican a México cada año asciende a 170 millones de dólares. Esta alarmante estadística pone de manifiesto la magnitud del desafío que enfrentan las autoridades mexicanas en su lucha contra el crimen organizado y la violencia armada.
El gobierno de México presentó esta demanda contra la industria armamentista norteamericana, la cual es fuente de financiamiento central de los partidos Republicano y Demócrata, lo que ha significado un choque frontal entre las autoridades mexicanas y el gobierno del presidente Trump.
Aunque parece haber un consenso académico y en el sentido común, respecto a que son precisamente las políticas prohibicionistas impulsadas por Washington las que han alimentado el lucrativo mercado negro de estupefacientes y de que la mayoría de las armas utilizadas por los cárteles provienen de los propios fabricantes estadounidenses, que se han beneficiado de la relajación de controles durante la era Trump, no existe una ventana de diálogo científico con los negacionistas profesionales.
En este sentido, el gobierno mexicano está buscando responsabilizar a las compañías armamentísticas estadounidenses, alegando que han “ayudado e instigado” a los cárteles de la droga al facilitarles el acceso a armas de fuego.
En medio de este complicado contexto geopolítico, la Corte Suprema deberá dirimir si las empresas armamentísticas son parcialmente culpables del derramamiento de sangre en México. Su fallo podría sentar un importante precedente sobre la responsabilidad corporativa en conflictos donde las armas juegan un papel central.