El Paro Nacional Agropecuario convocado para finales de octubre de 2025 es una movilización masiva que afectó las principales arterias logísticas del país, principalmente en estados clave para la producción de granos como Guanajuato, Michoacán y Jalisco, es convocado por el Movimiento Agrícola Campesino en 20 entidades y surge como respuesta directa a la caída insostenible en los precios del maíz, el cultivo básico de México, cuyo valor se redujo en más del 50 por ciento en los tres años previos al paro. La demanda unificada y no negociable de los agricultores fue la fijación de un precio de garantía de 7 mil 200 pesos por tonelada de maíz, una cifra que los productores consideran el mínimo indispensable para cubrir los costos de producción, los cuales se han disparado por el alza de insumos y los efectos de sequías recientes.
Las autoridades mexicanas propusieron fijar el precio mínimo del maíz en 6 mil 050 pesos por tonelada. Esta cifra fue calificada de “burla” e “insulto al campo mexicano” por los agricultores, quienes argumentaron que la propuesta no compensa los costos de producción ni las pérdidas acumuladas por el aumento de insumos y las sequías.
Se trata de un síntoma de la crisis estructural que México arrastra desde la implementación del modelo post-TLCAN. La principal conclusión que se desprende de este contexto neoliberal en que se consumó el tratado es que la soberanía alimentaria de México sigue siendo una ficción retórica, subordinada a las condiciones de mercado impuestas por el T-MEC y la Bolsa de Chicago.
El diagnóstico de fondo es que la 4T a pesar de su discurso progresista, ha mantenido una política macroeconómica sectorialmente neutra, continuada desde los ajustes estructurales de los años noventa. La crisis se alimenta de la falta de protección efectiva contra los subsidios extranjeros y el abandono de instrumentos clave de política pública.
La administración actual es señalada por priorizar megaobras de infraestructura por encima de la producción básica. Mientras los agricultores exigen apoyo para la seguridad de sus ingresos, el presupuesto ha sido redirigido a proyectos como el Tren Maya. El análisis presupuestal indica que si bien el sector requiere una inversión aproximada de 10 mil a 12 mil millones de pesos para restaurar los ingresos objetivos y garantizar la certidumbre, el gobierno destina recursos considerablemente mayores a obras que no necesariamente son urgentes.
La solución, según algunos expertos, no reside en acuerdos regionales y temporales, sino en una transformación profunda. Esto implica obligatoriamente la exclusión del maíz básico del T-MEC y la refundación de una política de desarrollo rural que recupere la Banca de Desarrollo y los ingresos objetivos.
Si el gobierno de Claudia Sheinbaum insiste en priorizar la infraestructura turística y desarrollista por encima de la viabilidad del campo, el pronóstico es la intensificación de los conflictos agrarios, lo que se traducirá en un aumento persistente de la inflación agropecuaria en los próximos meses. La persistencia de esta crisis obligará a un debate impostergable sobre la necesidad de retomar la autonomía económica y la soberanía productiva, temas que definirán la estabilidad y la orientación ideológica real de la 4T.
