La revocación de las visas estadounidenses a Marina del Pilar Ávila Olmeda, gobernadora de Baja California, y a su esposo, el ex panista y ahijado de Felipe Calderón, Carlos Torres Torres, anunciada el 10 de mayo de 2025, ha generado especulaciones sobre posibles vínculos con el narcotráfico, especialmente tras la aparición de narcomantas que mencionan a la gobernadora.
En agosto de 2024, al menos tres narcomantas fueron colocadas en Baja California dirigidas a Marina del Pilar Ávila, con una etiquetada como “último aviso” de grupos del crimen organizado. Estas mantas, reportadas por Proceso, acusaban a la gobernadora de no controlar la violencia presuntamente de grupos externos y sugerían complicidad frente a actividades criminales en Tijuana, un centro clave del narcotráfico.
Aunque las narcomantas no mencionaron directamente a Carlos Torres, su rol como coordinador de proyectos estratégicos en Tijuana y su influencia política han alimentado especulaciones, como se observa en publicaciones en X. La periodista Elena Chávez afirmó en marzo de 2025 que Marina estaba en una supuesta “lista negra” del Departamento de Estado de Estados Unidos por presuntos vínculos con Los Rusos, una facción del Cártel de Sinaloa, y por manipular datos de desaparecidos.
Además, El Financiero reportó que una investigación de 2021, respaldada por la DEA, relacionó la campaña de Marina con fondos de Sergio Carmona, conocido como “El Rey del Huachicol”, ligado también al narcotráfico. Estas acusaciones encajan con la crítica de muchos especialistas sobre elites políticas que facilitan sistemas financiados por el narco, sugiriendo que la revocación podría derivar de investigaciones en curso.
El Departamento de Estado de EU puede revocar visas bajo la Sección 7031(c) por motivos como corrupción, violaciones de derechos humanos o vínculos con el crimen organizado, como en el caso de Cristina Fernández de Kirchner. La falta de una explicación oficial, señalada por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien exigió claridad del gobierno gringo, alimenta especulaciones.
Las revocaciones de visas a funcionarios de estados fronterizos suelen estar ligadas a investigaciones sobre narcotráfico, dado su papel en el tráfico transfronterizo. Publicaciones en X mencionan posibles investigaciones del Tesoro o la DEA por lavado de dinero o nexos con cárteles, aunque no hay evidencia pública que lo confirme.
Las narcomantas, junto con un incidente reciente del 26 de abril de 2025, donde una cabeza de cerdo y una manta amenazante apuntaron a un funcionario de Tijuana, destacan el volátil entorno de seguridad, potencialmente implicando a la administración de la gobernadora en disputas con cárteles.
Estas acciones podrían reflejar esfuerzos de EU para presionar a políticos en un sistema financiero que tolera flujos ilícitos, posiblemente como una maniobra geopolítica bajo la administración Trump, que ha prometido actuar contra funcionarios mexicanos ligados a cárteles.
La revocación de las visas tiene importantes repercusiones para Baja California, un socio económico y de seguridad clave para el gobierno vecino. La oposición, incluidos el PAN y el PRI, ha exigido transparencia, con Álvaro Aldrete del PRI pidiendo la renuncia de Torres, argumentando que la medida mancha la gobernanza del estado.
En redes sociales, la narrativa de “narcogobernadora” ha ganado fuerza, con afirmaciones de lavado de dinero y extorsiones controladas por Torres en Tijuana. Esto podría ser una acción selectiva de EU para exponer o disciplinar a figuras políticas dentro de un sistema financiado por el narco, sin abordar la complicidad más amplia de los bancos globales, como en el caso de Wachovia con fondos del Cártel de Sinaloa.
Esta situación amenaza con tensar las relaciones México-EU, especialmente con las políticas de Trump, que incluyen amenazas de acción militar.