Omar García Harfuch, actual secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, se perfila como una figura polarizante en el panorama político rumbo a las elecciones presidenciales de 2030. Su trayectoria, marcada por éxitos en la reducción de homicidios dolosos en un 25% desde octubre de 2024, según datos oficiales, lo posiciona como un contendiente fuerte dentro de Morena. Sin embargo, su ascenso no está exento de sombras: las desapariciones forzadas van en ascenso en todo el país, existen acusaciones (aunque vagas) de vínculos con el crimen organizado y su presunta participación en la construcción de la “verdad histórica” del caso Ayotzinapa lo persiguen. Estos señalamientos, aunque no comprobados, podrían mermar su credibilidad en un electorado cada vez más crítico.
La relación de Harfuch con la administración de Donald Trump, iniciada en enero de 2025, es un factor clave. Su colaboración con agencias de inteligencia estadounidenses, como la DEA, y la extradición de 29 capos, incluido Rafael Caro Quintero, han generado respaldo en círculos republicanos. Políticos como Donald Trump Jr. han elogiado su enfoque de “mano dura” contra los cárteles, lo que podría traducirse en apoyo financiero y político desde Estados Unidos. No obstante, esta cercanía podría alienar a sectores nacionalistas en México, que ven con recelo la intervención extranjera en asuntos de seguridad.
El atentado que sufrió en 2020, atribuido al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), refuerza su imagen de valiente frente al crimen organizado, pero también expone su vulnerabilidad. Sobrevivió a 414 disparos, perdiendo a dos escoltas y a una transeúnte, un evento que lo catapultó al ojo público como un símbolo de resistencia. Sin embargo, rumores sobre su presunta colusión con grupos criminales, como los señalados por la periodista Anabel Hernández y un testigo de Guerreros Unidos, alimentan la desconfianza. Estas acusaciones, aunque no han sido probadas, podrían ser utilizadas por sus adversarios para cuestionar su integridad.
El caso Ayotzinapa es quizás el mayor lastre de Harfuch. Documentos del Ejército y declaraciones de Alejandro Encinas lo sitúan en reuniones clave en Iguala en 2014, donde se habría gestado la “verdad histórica” que encubrió la desaparición de los 43 normalistas. Aunque Harfuch niega cualquier intervención directa y afirma que estaba en Michoacán en ese momento, la percepción de su involucramiento persiste. Este episodio podría ser un arma letal en manos de sus rivales políticos, especialmente en un contexto donde las víctimas y sus familias siguen exigiendo justicia.
En términos de resultados, la gestión de Harfuch muestra claroscuros. Mientras los homicidios dolosos han disminuido significativamente, con un promedio diario de 65.3 en abril de 2025, el aumento de desapariciones forzadas en un 444% en la Ciudad de México entre 2021 y 2024 plantea serias dudas sobre la efectividad de su estrategia. Este incremento, señalado por expertos como David Saucedo, sugiere que el crimen organizado ha adaptado sus tácticas, optando por desapariciones en lugar de homicidios para evadir estadísticas. Esta tendencia podría dañar su narrativa de éxito si no se aborda de manera contundente.
Sus posibles contrincantes en 2030 incluyen figuras de peso dentro de Morena, como Marcelo Ebrard, quien tendría que mostrar resultados en la difícil renegociación del TMEC.
La fortaleza de Harfuch radica en su imagen de eficacia policial y su cercanía con Claudia Sheinbaum, quien lo ha respaldado incondicionalmente. Su capacidad para tejer alianzas con actores clave, como el director del Centro Nacional de Inteligencia, Francisco Almazán, y su control sobre áreas estratégicas de seguridad, lo convierten en un operador formidable. Sin embargo, su pasado en la Policía Federal durante el gobierno de Felipe Calderón y las sospechas de corrupción podrían ser explotadas por adversarios dentro y fuera de Morena, especialmente en un contexto de polarización política.
La percepción pública de Harfuch como un “héroe” tras el atentado del CJNG choca con las acusaciones que lo vinculan al crimen organizado. Mientras algunos lo ven como un líder capaz de enfrentar a los cárteles, otros lo consideran parte de un sistema corrupto que perpetúa la impunidad. Las redes sociales reflejan esta división: algunos usuarios en X lo elogian como un “zar de la seguridad” necesario, mientras otros, como la periodista Denise Dresser, critican su historial y el aumento de desapariciones. Esta polarización podría definir su viabilidad como candidato, dependiendo de cómo gestione su narrativa pública.
El respaldo de Estados Unidos, particularmente bajo la administración Trump, podría ser un arma de doble filo. Aunque fortalece su posición internacionalmente, el discurso de Trump sobre intervenir militarmente en México para combatir a los cárteles podría generar rechazo entre los votantes mexicanos. Harfuch necesitará equilibrar esta relación para no ser percibido como un títere de intereses extranjeros, un riesgo que ya ha sido señalado por analistas críticos de su gestión. La cooperación bilateral, como la Operación Frontera Norte, que decomisó miles de armas y drogas, es un logro tangible, pero también un punto de fricción política.
En conclusión, la probabilidad de que Harfuch sea el candidato presidencial de Morena en 2030 es alta, pero no garantizada. Su experiencia en seguridad, su alianza con Sheinbaum y el respaldo de Estados Unidos lo posicionan como un favorito, pero las acusaciones de Ayotzinapa, los rumores de nexos con el crimen y el aumento de desapariciones son obstáculos significativos. Enfrentará una contienda interna feroz y deberá convencer a un electorado escéptico de que su pasado no define su futuro. El camino a Los Pinos será una prueba de fuego para este policía que ya sobrevivió a las balas, pero aún debe sortear las urnas.
