El 25 de junio de 2025, el Departamento del Tesoro de EU señaló a Vector Casa de Bolsa, propiedad de Alfonso Romo, como una entidad clave en el lavado de dinero para cárteles mexicanos, incluyendo Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, y en la facilitación de pagos para precursores de fentanilo entre 2018 y 2023. La acusación, respaldada por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), implica transacciones por 2 millones de dólares y vínculos con Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública. En respuesta, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) intervino gerencialmente Vector el 26 de junio, sustituyendo a sus órganos administrativos para “proteger a los inversionistas”. Este movimiento, aunque preventivo, expone la vulnerabilidad de las instituciones financieras mexicanas ante acusaciones extranjeras y pone en entredicho la integridad de Romo, un empresario con nexos históricos con la 4T.
Alfonso Romo, exjefe de la Oficina de la Presidencia de Andrés Manuel López Obrador entre 2018 y 2020, se separó del gobierno de la 4T en diciembre de 2020, oficialmente por decisión propia, argumentando que había cumplido su ciclo tras ayudar a coordinar proyectos prioritarios como el Tren Maya. Sin embargo, su salida fue percibida como una ruptura con López Obrador debido a desacuerdos sobre políticas económicas y la creciente radicalización de la 4T. Romo, un magnate con intereses en agronegocios y finanzas, representaba un puente con el sector empresarial que la 4T nunca terminó de consolidar. Su salida dejó una relación tensa con el gobierno, marcada por la desconfianza de algunos sectores de Morena hacia su influencia y su pasado como asesor de gobiernos priistas.
La intervención de Vector, que administra 290,000 millones de pesos en activos bajo custodia, no ha encontrado pruebas de lavado de dinero según la Secretaría de Hacienda, que reporta solo irregularidades administrativas sancionadas con 134 millones de pesos entre Vector, CIBanco e Intercam. Sin embargo, la acusación de EU, que entrará en vigor a mediados de julio, amenaza con limitar las operaciones internacionales de Vector, un golpe significativo para Romo, cuya fortuna depende de la confianza en sus instituciones financieras. La CNBV asegura que los activos de los clientes están protegidos, pero la sombra de las acusaciones persiste, alimentada por la falta de transparencia en las operaciones de Vector y su presunta relación con empresas chinas vinculadas al comercio de precursores químicos.
La relación actual entre Romo y el gobierno de Claudia Sheinbaum es distante y pragmática. Aunque la 4T ha defendido la solidez del sistema financiero mexicano y exigido pruebas al Departamento del Tesoro, no ha mostrado un respaldo explícito a Romo. Sheinbaum, en sintonía con López Obrador, ha evitado confrontar directamente a EU, pero la retórica oficial sugiere una defensa de la soberanía financiera frente a lo que califican como acusaciones sin fundamento. La intervención de Vector parece más un intento de contener el daño reputacional que un apoyo a Romo, quien enfrenta un escrutinio que podría debilitar su posición en el sector privado y su legado como puente entre la 4T y los empresarios.
El caso de Vector expone las contradicciones de la 4T: un gobierno que presume combatir la corrupción, pero que no logra desvincularse de figuras controvertidas como Romo. Las acusaciones de EU, aunque no comprobadas en México, refuerzan la percepción de que el sistema financiero nacional sigue siendo permeable al crimen organizado. Para Romo, el escándalo representa una crisis existencial: su salida de la 4T lo dejó políticamente aislado, y ahora su imperio financiero está en jaque. Mientras la CNBV y Hacienda insisten en que no hay pruebas de ilícitos, la falta de claridad y las sanciones pendientes de EU mantienen a Romo en una posición precaria, con el riesgo de que este episodio marque el declive de su influencia en México.