La “Operación Caudal” implementada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) en coordinación con el Gabinete de Seguridad Federal, ha expuesto la compleja dinámica entre el combate al crimen organizado, la gestión de recursos esenciales y la estabilidad social en el Valle de México.
La existencia de tomas clandestinas y pozos ilegales, presuntamente operados por redes criminales (algunas con fachada de organizaciones sociales o sindicatos) y en posible complicidad con autoridades, transforma la escasez de agua en un negocio ilícito de alto impacto social. Este fenómeno no solo desvía un recurso vital para miles de familias, escuelas y hospitales, sino que también contribuye al colapso hídrico de la región. La “Operación Caudal,” al clausurar pozos e incautar cientos de pipas en 48 municipios del Estado de México, representa una acción necesaria y contundente del Estado para recuperar el control sobre la infraestructura hidráulica
El Huachicol de Agua: Un Problema de Seguridad Nacional
La existencia de tomas clandestinas y pozos ilegales, presuntamente operados por redes criminales (algunas con fachada de organizaciones sociales o sindicatos) y en posible complicidad con autoridades, transforma la escasez de agua en un negocio ilícito de alto impacto social. Este fenómeno no solo desvía un recurso vital para miles de familias, escuelas y hospitales, sino que también contribuye al colapso hídrico de la región. La “Operación Caudal,” al clausurar pozos e incautar cientos de pipas en 48 municipios del Estado de México, representa una acción necesaria y contundente del Estado para recuperar el control sobre la infraestructura hidráulica.
La Reacción de los Piperos: Desabasto y Paralización 🚧
La respuesta a la acción gubernamental ha sido inmediata y paralizante: los bloqueos masivos de piperos en las principales entradas al Valle de México y la Ciudad de México (CDMX). Esta protesta, si bien es una reacción al cese de su fuente de suministro —legal o ilegal—, genera un caos vial y, paradójicamente, agrava la crisis de desabasto en zonas que dependen exclusivamente de la distribución por pipa.
Los piperos argumentan que la Operación Caudal no distingue entre quienes operan en la legalidad y las redes delictivas, afectando su fuente de trabajo y dejando a la población sin acceso al líquido. No obstante, la magnitud y la organización de los bloqueos sugieren una capacidad de movilización y presión que, intencional o no, actúa como un músculo de respuesta frente a la intervención estatal en un negocio extremadamente rentable. Esto subraya la compleja trama de actores que se benefician de la informalidad y la ilegalidad en el sector hídrico.
Si bien el objetivo de combatir el huachicol de agua es innegociable por ser una cuestión de justicia hídrica y seguridad pública, la ejecución de la “Operación Caudal” es susceptible de crítica en dos ejes:
- Falta de Planeación de Contingencia: El cierre masivo de puntos de carga, legítimos o no, sin un plan de contingencia claro para el abasto de emergencia a la población afectada, fue un error estratégico. Esto trasladó inmediatamente el costo de la operación a los ciudadanos y creó las condiciones perfectas para la presión social ejercida por los bloqueos de los piperos. La Unión Industrial del Estado de México también ha señalado esta falta de gradualidad en la “embestida” contra el robo.
- Riesgo de Coacción y Negociación Innecesaria: La paralización de las entradas a la CDMX pone a prueba la determinación del gobierno. Si las autoridades ceden a la presión y reabren pozos sin una auditoría exhaustiva o sin garantizar la plena legalidad, se enviará el mensaje de que la violencia vial y la coacción son herramientas efectivas para revertir acciones de seguridad. La acción legal contra el huachicol debe ser firme e inamovible, mientras que la solución al desabasto debe ser garantizada por canales alternos y transparentes.
En conclusión, la operación conjunta contra el huachicol de agua es un paso fundamental para desarticular redes criminales y asegurar un recurso vital. Sin embargo, los bloqueos demandan una respuesta de dos vías: firmeza en la aplicación de la ley para no legitimar el chantaje, y una estrategia de abasto emergente (incluyendo el diálogo con piperos legítimos y la transparencia de los pozos clausurados) para no castigar a la ciudadanía. La batalla por el agua es ahora también una batalla por el control del territorio y la defensa del Estado de derecho.
