La Nueva Ley de la Guardia Nacional, aprobada por el Senado el 30 de junio de 2025, pone en riesgo los derechos humanos al otorgar a la Sedena amplias facultades de inteligencia, incluyendo intervención de comunicaciones y vigilancia en redes sociales. Calificada como “Ley Espía” por opositores como Laura Ballesteros de Movimiento Ciudadano, la ley carece de controles civiles efectivos, lo que podría derivar en vigilancia masiva, violaciones a la privacidad y represión de libertades fundamentales. La reforma consolida la militarización de la seguridad pública, contraviniendo el artículo 21 constitucional que exige mando civil. La oposición (PAN, PRI, Movimiento Ciudadano) critica que la Sedena asuma el control operativo, administrativo y educativo de la Guardia Nacional, eliminando contrapesos y abriendo la puerta a un modelo autoritario con escasa rendición de cuentas. La posibilidad de que elementos de la Guardia Nacional participen en elecciones, según el artículo 42, es inconstitucional y politiza la institución, según Claudia Anaya (PRI). La aprobación “fast track” sin debate amplio refuerza las preocupaciones sobre la falta de transparencia y el riesgo de que la ley sea impugnada en la Suprema Corte por violar la Constitución. La ley debilita a la SSPC, centralizando el poder en la Sedena sin auditorías independientes, lo que genera opacidad en recursos y operaciones. Esto reduce la capacidad de las autoridades civiles para gestionar la seguridad pública y aumenta el riesgo de abusos de poder en un sistema dominado por una lógica militar.
Escenario 1: Erosión de la privacidad y represión de disidentes
La implementación de la ley podría derivar en un sistema de vigilancia masiva donde la Sedena, sin supervisión civil, utilice sus facultades de inteligencia para monitorear y reprimir a activistas, periodistas y opositores políticos. La falta de límites claros en la intervención de comunicaciones y la vigilancia en redes sociales podría llevar a un aumento de detenciones arbitrarias y autocensura, debilitando la libertad de expresión y el derecho a la privacidad en México.
Escenario 2: Politización y conflicto electoral
La disposición que permite a elementos de la Guardia Nacional contender en elecciones podría generar un uso partidista de la institución, con militares en activo apoyando campañas afines al gobierno. Esto no solo comprometería la imparcialidad de la Guardia, sino que podría desencadenar conflictos electorales, con acusaciones de coerción o intervención militar en procesos democráticos, erosionando la confianza en las instituciones y agravando la polarización política.
