La digitalización de la economía, con el auge de criptomonedas como Bitcoin o Monero y las monedas digitales de bancos centrales (CBDCs), tiene un impacto dual en la dependencia del sistema financiero del lavado de dinero, incluido el proveniente de los cárteles del narcotráfico.
Desde la perspectiva crítica de especialistas como Catherine Austin Fitts, Oscar Ugarteche, Antonio María Costa y otros, la digitalización amplifica tanto los riesgos como las oportunidades para abordar este problema. Por un lado, tecnologías como las criptomonedas ofrecen anonimato y rapidez, facilitando el movimiento de fondos ilícitos; por otro, herramientas como blockchain y análisis de datos pueden mejorar la transparencia, pero su eficacia depende de regulaciones globales estrictas y de superar las dinámicas de poder que perpetúan la opacidad financiera.
Criptomonedas como Monero y plataformas descentralizadas (DeFi) son herramientas ideales para el lavado de dinero, ya que permiten transacciones anónimas y transfronterizas sin intermediarios bancarios, como señala el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en sus informes de 2023.
Los cárteles de narcotráfico las utilizan en mercados de la dark web, mientras que mezcladores como Tornado Cash ocultan el origen de los fondos. Los FinCEN Files del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) revelan que incluso exchanges regulados, como Binance, han procesado transacciones sospechosas, a menudo operando en jurisdicciones con poca supervisión. Esto refuerza la crítica de Fitts y Ugarteche de que el sistema financiero, ahora digitalizado, sigue dependiendo de flujos ilícitos para sostener su liquidez, especialmente en un contexto de desregulación.
Sin embargo, las CBDCs, como el e-yuan chino, ofrecen un contraste: su diseño centralizado permite trazabilidad total, lo que podría dificultar el lavado, aunque plantea riesgos de vigilancia estatal, un dilema ético que Sassen vincula a la exclusión de comunidades vulnerables en sistemas digitales.
El mayor obstáculo es la desigualdad regulatoria global, un punto central en el trabajo de Radu y el ICIJ. Jurisdicciones offshore y economías emergentes con regulaciones débiles siguen siendo refugios perfectos para dinero del narco, robado y/o producto de la corrupción.
La digitalización agrava esto, ya que las plataformas operan globalmente con un clic, eludiendo controles locales. Además, como advierten Ugarteche y Salazar, la estructura del sistema financiero, digital o no, prioriza la acumulación de capital sobre la equidad, incentivando a bancos y fintechs a ignorar transacciones dudosas para maximizar ganancias.
Aunque tecnologías como el análisis de datos y blockchain podrían detectar patrones de lavado, su implementación es costosa y requiere cooperación internacional, algo que el GAFI reconoce como insuficiente. En última instancia, la digitalización no resuelve la crítica de Fitts sobre un sistema que tolera el dinero ilícito como motor económico; sin reformas estructurales, podría perpetuar esta dependencia, especialmente si las élites financieras moldean las regulaciones a su favor.