El eventual nombramiento de Hugo Aguilar Ortiz como nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), representa una oportunidad para redefinir el rol del Poder Judicial en México desde una perspectiva inclusiva y sensible a las demandas de justicia social, especialmente para los pueblos indígenas.
Sin embargo, el nuevo liderazgo enfrenta desafíos significativos, incluyendo mantener la independencia judicial, gestionar la polarización política y equilibrar las demandas de inclusión con las presiones económicas y globales.
La capacidad de Aguilar Ortiz para navegar el entramado institucional será clave; su enfoque en el control de constitucionalidad y convencionalidad podría fortalecer el Estado de Derecho; y su liderazgo podría ser un paso hacia una justicia más pluralista, aunque con riesgos de instrumentalización política.
Su impacto dependerá de cómo logre articular su identidad indígena, su experiencia jurídica y su posición política dentro y fuera de Morena, y frente a la presidenta Claudia Sheinbaum. Existe riesgo de que su identidad sea instrumentalizada para consolidar el poder del Estado, en lugar de promover un cambio estructural genuino.
Aguilar podría impulsar una Corte que reconozca sistemas jurídicos indígenas y promueva una justicia intercultural. Esto resonaría con teorías que cuestionan el universalismo del derecho occidental y abogan por epistemologías del Sur. Sin embargo, su cercanía con el oficialismo podría limitar su capacidad para desafiar el statu quo, especialmente si las reformas judiciales refuerzan el control estatal sobre el Poder Judicial.
Fortalecimiento de la justicia social e indígena: Aguilar podría priorizar casos relacionados con derechos indígenas, tierras comunales y diversidad cultural, alineándose con la agenda de inclusión del oficialismo. Esto podría transformar la jurisprudencia de la SCJN hacia un enfoque más pluralista y sensible a las comunidades marginadas.
Su liderazgo podría exacerbar la polarización entre quienes ven su elección como un avance hacia la democratización del Poder Judicial y quienes la perciben como una captura política del mismo. Su capacidad para construir consensos será crucial para mantener la legitimidad de la SCJN.